La larga historia de las luchas políticas y sociales de los pueblos indígenas en Colombia ha dado frutos importantes como la titulación de sus territorios como Resguardos y el reconocimiento de un sistema de gobernanza y un marco jurídico propios. Este esquema no se desliga del marco estatal, nacional y regional, pero dota a las comunidades indígenas de un alto grado de autonomía en el uso del suelo, los procesos educativos, y la atención judicial entre otros aspectos, y contempla la consulta previa a dichas comunidades ante las decisiones relativas a la gestión territorial.

Sin embargo, en el caso de los resguardos Mapachico y Refugio del Sol del pueblo Quillasinga, en el municipio de Pasto, donde viven 3.732 personas, varios elementos limitaban la adecuada implementación de dicho esquema. En concreto, el desconocimiento de las propias comunidades de los principios del pluralismo jurídico entre el Estado colombiano y las autoridades indígenas dificultaba su uso efectivo y la armonización de los instrumentos jurídicos. Adicionalmente, el sistema de gobernanza propia estaba debilitado y carecía de recursos técnicos y financieros. A ello se sumaban los escasos espacios de intercambio de autoridades indígenas e instituciones públicas regionales y municipales, existiendo un escaso reconocimiento por ambas partes.

En este contexto, el PDT Nariño está desarrollando una estrategia de intervención integral con la población étnica del departamento que, entre otros aspectos, pretende propiciar el diálogo horizontal, tanto en el propio entorno comunitario como con la institucionalidad pública, y garantizar el amparo normativo y judicial de la comunidad, incluidos el derecho a la diversidad étnica y a la autodeterminación.

Estos propósitos se concretan en el apoyo a la elaboración participativa de los planes de vida de ambas comunidades indígenas; es decir, el Plan Integral de Vida para el fortalecimiento cultural y la revitalización del pensamiento ancestral de la comunidad indígena del territorio de Mapachico, y el Mandato de Vida del resguardo Refugio del Sol, cuya elaboración ha involucrado a un total de 107 personas, de ellas 51 mujeres y 40 jóvenes. Ambos procesos estuvieron centrados en la identificación participativa de necesidades y acciones prioritarias para enfrentar los mayores retos políticos, sociales, ambientales, económicos y culturales de las comunidades. Los planes de vida se diseñaron como ejes estructurantes de la gestión y gobernanza de los resguardos.

Además del autorreconocimiento cultural, estos ejercicios han permitido establecer procesos de consulta democrática con inclusión de mujeres y jóvenes en la toma de decisiones sobre temáticas diversas, entre ellas la conformación y funcionamiento de las instancias de administración, la priorización de acciones para la gestión de recursos naturales y de riesgos de desastres naturales y ambientales, la planificación productiva y la recuperación de saberes ancestrales.

“El plan de vida ha permitido que la comunidad entera, con sus diversos pensamientos. se concientice de todo lo que tenemos en términos educativo, ambiental, espiritual, económico, etc. Ahora ya estamos trabajando con las mujeres en talleres sobre las chagras, la medicina y la comida tradicional, el tejido, y los jóvenes están trabajando sobre la comunicación”, señala la Gobernadora del resguardo Mapachico.

Se generó y socializó una mejor definición y reglamentación de las políticas organizativas y de los procesos de elección de las autoridades tradicionales, clarificando roles y responsabilidades dentro de los resguardos. También se avanzó en la aplicación del pluralismo jurídico, estableciendo pautas para radicar las debidas denuncias ante autoridades competentes, bien sean dentro del Resguardo o ante el Estado Nacional. Gracias al trabajo realizado en este ámbito se han solucionado casos jurídicos como, por ejemplo, conflictos sobre los límites prediales. “Hemos tenido dos casos judiciales entre vecinos. El trabajo de Plan de Vida nos ha permitido dar claridad en nuestro reglamento interno, y así se ha podido resolver, se ha hablado bonito como decimos.” comenta la Gobernadora del resguardo de Mapachico. Asimismo, se ha puesto en marcha una ruta comunitaria de atención jurídica a las víctimas de violencia basada en género, permitiendo la implementación de medidas de reparación para las víctimas y de castigos penales para sus agresores.

Para propiciar el reconocimiento de las autoridades indígenas por parte de las entidades públicas, se organizaron espacios de diálogo e intercambio entre las Alcaldías de Pasto e Ipiales y los resguardos Mapachico y Refugio del Sol. Esto permitió un acercamiento estable y un reconocimiento mutuo de sus papeles y del alcance de sus responsabilidades en el territorio, fomentando los procesos de consulta previa, por ejemplo, en el marco de las Mesas de Concertación municipales, como explica el responsable de la oficina de Asuntos Étnicos de la Alcaldía de Pasto: “Se fortaleció el respeto de la institucionalidad hacia la autonomía de los pueblos Quillasinga, y eso ha venido cerrando las brechas entre las dos partes. PDT Nariño ha jugado un papel importante en eso ya que actuó siempre en consulta con las dos partes, respetando los procesos públicos nacionales y los procesos propios de las comunidades, se ha generado más confianza y respeto en el territorio”.

El abordaje del enfoque étnico por el proyecto PDT Nariño, adaptado a las necesidades y particularidades propias de los dos resguardos apoyados y construido de manera participativa, ha generado cambios profundos en la gobernanza y aplicación de la justicia propia en esos espacios, propiciando decisiones más democráticas, inclusivas y eficientes. También, se han integrado las comunidades indígenas en los procesos territoriales de toma de decisiones, ganando espacios estables de diálogo entre el Estado y las autoridades tradicionales.

Esta reseña de caso, que contribuye al Pilar 3 del Fondo Europeo para la Paz: Inclusión poblacional: jóvenes, mujeres y grupos étnicos, fue publicada en el XIV  Informe de seguimiento del Fondo Europeo para la Paz (abril – junio de 2022), y refleja algunos de los logros del proyecto PDT Nariño, ejecutado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo – AECID, en consorcio con la Red de Agencias de Desarrollo Local – Red Adelco, la Gobernación de Nariño, y las Alcaldías de Pasto, Ipiales y Tumaco. El texto está basado en documentación facilitada por el proyecto y en entrevistas a miembros de su equipo y a actores clave del proceso, algunos de cuyos testimonios se recogen en cursiva.

Sobre el Fondo Europeo para la Paz

El Fondo Europeo para la Paz es un mecanismo de cooperación de la Unión Europea creado para acompañar al gobierno colombiano en la implementación del Acuerdo de Paz, con énfasis en el Punto 1 de Desarrollo Rural Integral y Punto 3 en lo que concierne a la reincorporación de la población excombatiente de las FARC-EP a la vida civil. En el marco del Fondo se han puesto en marcha 31 intervenciones mediante las cuales se pretende contribuir a la reconciliación de la sociedad colombiana, a la reincorporación social y económica de excombatientes, a la equidad de género y la inclusión de sectores vulnerables de la población, al desarrollo rural sostenible e incluyente, y a la presencia legitimadora de Estado y la gobernanza local. La cobertura geográfica de las diferentes acciones del Fondo abarca 26 departamentos y 150 municipios del país.